Río Grande.- En el día de ayer se confirmó el procesamiento penal a 8 vecinos de la ciudad de Río Grande por haber realizado una reunión familiar. Mientras especialistas de todo el mundo critican la cuarentena estricta como método de contrarrestar el Covid 19 y el confinanmiento de personas sanas jamás visto en la historia de la humanidad, el Municipio de Río Grande se encuentra obstinado en seguir realizando denuncias penales a los vecinos. Con el mismo criterio que denunciaron a los vecinos que se reunieron en un contexto familiar, deberían denunciar a la cantidad de vecinos que salieron a pasear el fin de semana pasado por la costanera, ya que las salidas recreativas están permitidas solo por una hora al día y en un radio de 500 metros del domicilio (conforme decreto 1104/20) y, a decir verdad, la mayoría de los vecinos seguramente permanecieron más tiempo que el permitido en la costanera, ni tampoco respetaron el radio de 500 metros ya que habría que deducir que todos los vecinos que asistieron a la costanera viven a 500 metros de la costa. La cantidad de autos que había por ejemplo en el Cabo Domingo echa por la borda esta teoría. Quizá sea hora que los gobernantes se den cuenta que la soberanía reside en el pueblo y, ese pueblo, ya se ha manifestado en que no va a permanecer encerrado. Claro ejemplo, vuelve a reiterarse, fue la cantidad de gente que copó las calles el fin de semana pasado ante el templado clima que invadió la ciudad e, incluso, en el AMBA donde ya el nivel de contagios oscila en el 30% al igual que en Río Grande, no se realiza tal caza de brujas y se baraja la posibilidad de retornar a clases y más aperturas. Sin embargo, aquí, se procesa penalmente a los vecinos, mientras el mismo Martín Pérez durante la cuarentena estricta tenía empleados de la construcción trabajando en su mansión en construcción, cuando ello se encontraba prohibido. Allí, ningún fiscal investiga, pero a los vecinos que buscaron contención en un familiar se los persigue. El plan que el municipio lleva adelante se centra en tratar de encontrar chivos expiatorios para procesarlos penalmente y así amedrentar a la gente. Por otro lado, tales procesamientos violan las más fundamentales libertades constitucionales, por sobre todas las cosas el derecho a la igualdad, porque mientras se procesa penalmente a quienes el municipio considera conveniente, por otro lado, las calles se encuentran repleta de gente. Es decir que a la arbitrariedad del municipio en denunciar a ojo a quién le parece conveniente, se suma el avasallamiento a las más elementales libertades constitucionales (derecho a la igualdad, derecho a reunirse, derecho a permanecer y transitar, derecho al esparcimiento, etc). Y, ningún decreto provincial puede estar por encima de tales derechos constitucionales y menos aún el municipio arrogarse la facultad de denunciar penalmente con procesamiento incluido.
Sin embargo, basta con que salga el sol, se calme el viento para que ese amedrentamiento de parte del municipio se esfume en un abrir y cerrar de ojos porque la libertad es muy difícil de coartar. Y la justicia, en vez de tratar de procesar a aquellas personas que se reunieron con sus familiares, que se encargue de atender las causas de abuso, violencia de género, robos y otros delitos que la ciudadanía reclama. Sin embargo, como esas denuncias las hacen los ciudadanos de a pie, pasan al olvido, en cambio, cuando el municipio es el que denuncia, la justicia para ser más activa. Por otro lado, según lo establece los artículos 161 y 178 del Código Procesal Penal, como el supuesto delito que se le imputan a los vecinos que se reunieron tienen penas mínimas, la situación debe resolverse a través de la mediación para poner fin al conflicto y no así del procesamiento penal.
Por lo tanto, cuídese querido vecino, el próximo denunciado puede ser usted por haber ido a visitar a su madre.

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