Tierra del Fuego.- En tiempos actuales, donde la paridad de género se encuentra tan en boga, y donde las mujeres reclaman por un lugar en altos cargos de poder, habría que preguntarse si ello es sinónimo de garantizar por los derechos del colectivo femenino. Un claro ejemplo se da en la justicia fueguina donde actualmente existe cierta presión para que uno de los dos cargos a elegirse en el Superior Tribunal de Justicia provincial corresponda a una mujer. No obstante, es el mismo colectivo femenino quien se enfrenta a mujeres fiscales como así también a ministras por no respetar los derechos de víctimas de violencia de género y abuso sexual, para más, de menores.

El ya renombrado colectivo pañuelos amarillos que luchan contra los casos de abuso sexual, se encuentra reclamándole a la fiscal Laura Urquiza su mal desempeño en una causa de abuso sexual con acceso carnal a una menor, donde la fiscal solicitó para el procesado la pena mínima de 8 años cuando la máxima pena para estos casos es de 20 años, ya que el abusador de la menor convivía con ella y, se aprovechaba de tal situación para llevar a cabo los abusos ocurridos en un número considerable de veces.

Por otro lado, el año pasado se dio a conocer la denuncia llevada a cabo por una funcionaria judicial de nombre Claudia Gallo que trabaja junto al fiscal Fappiano y que actualmente concursa por un cargo en el Superior Tribunal de Justicia. Esta funcionaria denunció públicamente a la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, por violencia laboral y articular mecanismos espurios para que su causa judicial sobre divorcio prosperara en su contra. La denuncia la hizo la misma funcionaria en plena exposición jurídica donde Battaini departía. El tema tomó demasiado revuelo en su momento y luego quedó una vez más archivado.

A ello hay que agregarle, el hecho escandaloso protagonizado por otra jueza del ámbito penal llamada Felicitas Maztegui de Marcó quien puso en tela de juicio, vía Twitter, los muertos de la última dictadura militar donde se sabe desaparecieron innumerables mujeres a quienes además se les apropiaron a sus hijos, quitándole la identidad que al día de hoy muchos de ellos continúan buscando. Esta jueza actualmente también participa del concurso para acceder al cargo de jueza del máximo tribunal provincial.
Por eso, cabría preguntarse si el hecho de que existan más mujeres en altos cargos de poder, garantizan los derechos del colectivo femenino.

Por Marianela Sinland

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