Tierra del Fuego.- La Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, previó la consulta e iniciativa popular de leyes, mucho antes que lo hiciera la constitución nacional a través de la reforma del año 1994. En palabras sencillas, la consulta popular significa que la legislatura le consulta a la ciudadanía sobre un tema determinado. La iniciativa popular, en cambio, le da la posibilidad al pueblo, siempre y cuando reúna una cantidad de firmas importante, de presentar un proyecto de ley que tendrá un tratamiento rápido para que esa ley sea promulgada o no. Ambas, son formas semidirecta de democracia, porque ya no son los representantes quienes debaten y deliberan las leyes, sino el propio pueblo. La consulta popular nunca se dio en nuestra provincia. La iniciativa popular contadas veces, sin embargo, no prosperó ningún proyecto de ley propuesto por el pueblo. La última vez que se dio la iniciativa popular fue durante el gobierno de Bertone, donde los sindicatos, mancomunadamente, pretendieron derogar el paquete de leyes que el gobierno de turno había promulgado de un momento a otro. La iniciativa no prosperó por dos motivos: por un lado porque no hay legislación sobre la materia en la provincia, es decir, cómo debe funcionar el procedimiento de iniciativa popular. A raíz de esta falta de legislación, el juez electoral se agarró de una ley nacional para rechazar la iniciativa del pueblo, diciendo que no se pueden tocar temas de Presupuesto a través de iniciativas populares. Con tal criterio, no se podría proponer nada por parte del pueblo porque todo directa o indirectamente se relaciona con el Presupuesto. Por lo tanto, la iniciativa fue rechazada y, con ella, la voluntad del pueblo porque nuestra constitución provincial no pone límite alguno a la hora de presentar iniciativas populares. Por otro lado, ejemplos sobran de casos donde la salida más elegante hubiese sido la consulta popular. Por ejemplo: corredor de Beagle, compra del Casino de Ushuaia y destino del mismo, designación de reservas naturales, etcétera. Se trata ni más ni menos que legitimar no solo al pueblo, sino también a un acto de gobierno. Preguntarle al pueblo qué opina sobre un tema determinado para hacerlo parte de un Estado que nos pertenece a todos. Darle la posibilidad de iniciar leyes, donde la ciudadanía se sienta activa y participativa. Hoy en día, con el avance de la tecnología, ni siquiera hace falta gastar recursos en elecciones ni nada por el estilo, sino que para estos casos la solución se encuentra en la vía digital. En los países más desarrollados del mundo
todo se le consulta al pueblo. Para ello, existen dependencias públicas donde no solo se lo instruye al ciudadano cómo debe hacerse un proyecto de ley, sino que se le da todas las herramientas necesarias para asesorarlo. Es el vecino, es decir, cada uno de nosotros, quien convive con la realidad cotidiana, por lo tanto es ese vecino quien se encuentra en condiciones de manifestar un problema e, incluso, buscarle una solución. Para más, es una inversión electoral, ya que si el Ciudadano ve cómo su proyecto de ley se hace realidad, de seguro que apoyará al gobierno que le dio esa posibilidad de cambiar su propio mundo.
Aquí, por lo visto, el pueblo es siempre ignorado.

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