Hacía una semana que no tenía internet. No podía trabajar ni tampoco estudiar. Estudio derecho y me estaba perdiendo todas las materias. Si quería ver una película o serie tampoco podía. Me había gastado los dedos de llamar al 0-800 de la empresa que está en la calle Rojas y del otro lado me decían siempre lo mismo: que un técnico estaba en camino. El técnico nunca llegaba y, por ende, la solución tampoco. Había ido tres veces a la oficina de la empresa, como dije, ahí en la calle Rojas. Siempre me tomaban los mismos datos y nunca la solución llegaba. Si yo pagaba quería al menos que me brindaran el servicio. Como estaba hinchado los quinotos, les mandé una carta documento basada en la ley de defensa del consumidor y usuario. Luego me fui a la oficina de los derechos del consumidor que se encuentra en la calle Kayen al 600 de acá de Río Grande y ellos también tomaron cartas en el asunto. Me pidieron el contrato de adhesión. Hoy en día, todos los contratos son de adhesión. Esto significa que todos los servicios se contratan bajo las condiciones que las grandes empresas imponen. Nada se negocia de igual a igual. Si no te gusta, te quedás sin servicios y listo. Por lo tanto, ellos imponen las reglas y se burlan del usuario. La famosa letra chica. Saben que existen pocas personas dispuestas a pelear hasta el cansancio.
Por su parte, esta empresa de internet monopólica en la provincia es brava, te venden una velocidad que no tienen, megas que no existen y vos estás ahí como un nabo esperando y esperando que te descargue una página. Los de oficina del consumidor dijeron que abrirían un sumario para investigar. No me conformé con la carta documento ni tampoco con el sumario porque de, hecho, no habían solucionado nada. Seguía sin internet. Entonces, les metí una audiencia prejudicial por incumplimiento contractual e incumplimiento a la ley de defensa del consumidor; pedía que me pagaran daños y perjuicios por no poder ejercer mi trabajo en tiempo y forma, que se me descontaran los días de servicio no prestado, daño moral y daño punitivo. El daño moral en sí se centraba en las molestias ocasionadas y el daño punitivo consiste en una multa, un escarmiento para que la empresa no vuelva a cometer en el futuro la misma negligencia con otros usuarios. Como la oficina del derecho del consumidor había iniciado un sumario en contra de la empresa a raíz de mi denuncia, ahora se presentaban a la audiencia. Yo estaba ahí a la hora puntual. Mi abogado no había ido, pero no en vano estudiaba derecho. Llegó el abogado de la empresa, un señor canoso entrado en años, de ojos celeste y fachero. El mediador, un gordito de chivita cana, sentado a la cabecera de la mesa de negocios, inició la mediación. En sí esperaba que yo actuara. Entonces actué: basé mi argumento en los insoslayables derechos de los consumidores y usuarios; derechos de raigambre constitucional. Expresé todas las molestias ocasionadas, el incumplimiento contractual por parte de la empresa y el desprecio por los derechos de sus propios clientes. El abogado de la empresa intervino con una pregunta: “¿No le parece mucho reclamar 500.000 pesos por diez días sin internet?”  Siguió: “La cuestión es ajena a nosotros, se cortó la fibra óptica, causa de fuerza mayor”. Al mediador también se le había cortado internet y estaba de mi lado. Acotó: “Casualmente a mí también se me cortó internet”. El abogado de la empresa, acomodando su pañuelo de seda que ataviaba su cuello, dijo: “Mire, vamos a hacer una excepción. Nos comprometemos a restituirle el servicio en el día de la fecha y como especie de retribución no le cobraremos el servicio de internet por este mes y el que viene”. Me paré. Di una vuelta en círculo y arremetí: “Doctor, le acabo de identificar cada uno de sus incumplimientos y los incordios ocasionados y usted me ofrece un mes de internet gratis, ¿es una cargada?”, concluí en forma de pregunta. “Dos meses sin cargo le estoy ofreciendo”, dijo él. “En si es un mes, el otro mes que supuestamente me está regalando no me lo deberían cobrar porque ya llevo más de diez días sin Internet y, a ciencia cierta, todavía no sabemos cuándo volverá el servicio”. Punto a favor. Continué: “Además -dije sacando el contrato de adhesión de mi portafolio-, así se establece en el contrato. Día de servicio no prestado, no se abona”, completé remarcando el artículo exacto. “Ah, otra cosa -y ahora sí comenzaba la mentira-. Actualmente estoy conformando la Asociación de Consumidores de Internet para llevar a acabo numerosos reclamos en torno a la falta de servicio y la velocidad que brindan, todo ello produce inconmensurables daños a numerosos usuarios…”. Lancé la mentira como si fuese un actor renombrado. El abogado carraspeó, tomó un vaso de agua y pidió un segundo. Acepté. Se alejó para hablar por teléfono y el mediador me levantó el pulgar en señal de aprobación. Luego de unos segundos, volvió. Dijo que ofrecía un año de servicio gratuito y 5.000 pesos por las molestias ocasionadas. A cambio, debía firmar un documento de satisfacción por el servicio y la manera en que la empresa había solucionado el problema. De esa forma, ellos se respaldaban de un futuro reclamo que pudiera iniciar en nombre de la Asociación de Usuarios y, además, le venía bien para presentar en el sumario administrativo llevado a cabo por la oficina de derechos de consumidores. Me hice el que analizaba la oferta un tanto a regañadientes y luego firmé el acuerdo.
Les había ganado por cansancio. Espero que muchos hagan lo mismo.

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