Para entender el cierre indefinido de colegios, los intentos de adoctrinamiento y la docencia militante, tal vez haga falta asumir este dato: las escuelas -especialmente en la provincia de Buenos Aires- han sido cooptadas por un sindicalismo ideologizado y combativo, que cree más en luchar que en educar. Se ha apropiado del sistema ante la mirada impotente o cómplice del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias? Una enseñanza cada vez más degradada, alumnos abandonados y una profesión docente muy desjerarquizada.
Ahora han batido un récord histórico: mantuvieron las escuelas cerradas todo el año por cuarentena, sin discutir siquiera las trágicas consecuencias de una medida que no tiene antecedentes en el mundo. No volver a las aulas se convirtió en un acto de militancia. Cuando regresen -algún día- el sistema tendrá menos alumnos y menos docentes. Todo este proceso ha disparado a niveles catastróficos los índices de deserción y ha provocado la pérdida de puestos docentes, además de acelerar el retiro de muchos maestros y profesores. Pero, además, cuando las escuelas reabran se encontrarán con alumnos que han perdido ritmo de estudio, han extraviado la disciplina escolar, han olvidado aprendizajes y hasta han sufrido regresiones. Se encontrarán, también, con docentes desbordados y desorientados después de un año sin ir a las escuelas.
Muchos costos ya empiezan a vislumbrarse, otros se verán con el tiempo. Pero tal vez sea necesario analizar la cultura sindical que late detrás de esta debacle educativa.
En la industria privada, los sindicatos tienen claro que “sin empresa no hay trabajadores”. Por eso la buena práctica sindical cuida la fuente de trabajo, no la boicotea ni la quiere ver cerrada, entiende que su mejor capital es la solidez y la jerarquía de la empresa. El sindicalismo docente, sin embargo, parece haber inventado una fórmula estrambótica: “puede haber maestros sin escuela, incluso sin alumnos”. Confunde docentes con afiliados.
Ahora han batido un récord histórico: mantuvieron las escuelas cerradas todo el año por cuarentena, sin discutir siquiera las trágicas consecuencias de una medida que no tiene antecedentes en el mundo
Se ha terminado por identificar a la docencia con un “sindicalismo combativo” que, curiosamente, combate contra la propia escuela pública. Cuestionan los valores de aquella escuela que supo ser orgullo nacional, desde la excelencia y la autoridad docente, hasta la vocación y el compromiso. Se burlan de aquel ideal sarmientino de “no faltar jamás a clase”, reivindican “la lucha sindical” antes que la calidad educativa, defienden la burocracia de las licencias docentes mientras boicotean los sistemas de evaluación, de concursos y de capacitación.
Es un sindicalismo que ha convertido a la defensa de la escuela pública en un eslogan vacío. En la práctica, ha mirado con indiferencia e indolencia el éxodo de millones de familias a los colegios privados. Se ha hecho el distraído ante la pérdida evidente de la autoridad docente. Tácitamente, ha consentido la degradación salarial de los maestros a cambio de una menor exigencia profesional. Es un sindicalismo dispuesto a poner el grito en el cielo si se intenta acortar el receso, pero que hace silencio frente a la tragedia de la deserción escolar.
La confianza de la sociedad en la escuela pública se ha debilitado mucho en las últimas décadas. Lo muestran las encuestas, pero también las estadísticas: entre 2003 y 2015, la matrícula de las primarias estatales se redujo un 11,5% en todo el país. La de las escuelas de gestión privada creció, en el mismo periodo, un 27%. Millones de padres han ido a buscar a colegios privados las garantías mínimas que sentían que no les daba la escuela pública. Lo han hecho, inclusive, muchas familias de clase media que, por experiencia y hasta sensibilidad ideológica, se consideran firmes defensores de la educación pública, de la que además son egresados. ¿Le preocupa al sindicalismo docente esta pérdida de confianza? ¿Se animaría a hacer una autocrítica? Son, en verdad, preguntas retóricas.
En la industria privada, los sindicatos tienen claro que “sin empresa no hay trabajadores”. Por eso la buena práctica sindical cuida la fuente de trabajo, no la boicotea ni la quiere ver cerrada, entiende que su mejor capital es la solidez y la jerarquía de la empresa
Es justo decir que las actuales conducciones gremiales no han nacido de un repollo. Son, en todo caso, los emergentes de una cultura que se ha arraigado en las comunidades educativas, en la que “el maestro” o “el profesor” han dado paso al “trabajador de la educación” o al “compañero docente”. Pero son también la consecuencia de una ruptura que se ha producido entre la sociedad y la escuela, entre los docentes y las familias. Ante la falta de respaldo de los padres, muchos maestros han buscado el apoyo del sindicato.
La escuela se ha convertido en un lugar hostil, donde la conflictividad marca el tono de la convivencia, donde el docente muchas veces es agredido, donde la maraña burocrática conspira contra la creatividad y la palabra del maestro siempre está al borde de la desautorización y del ridículo. Es una escuela con la que pocos se sienten conformes y en la que se paga mal. Tal vez por eso engendre cierto resentimiento combativo que, en lugar de mejorar las cosas, profundiza el deterioro. La militancia quizá se haya convertido en una coraza contra la hostilidad del sistema; una forma de ponerse a la defensiva.
En ese contexto, los gremios docentes han amasado un enorme poder. Por cuota sindical, préstamos y servicios turísticos, reciben una fortuna por mes. Tienen morosidad cero porque el Gobierno funciona como cobrador: descuenta directamente de los sueldos de los afiliados y les transfiere la plata. Pero no es solo poder económico: después de los movimientos sociales, representan la mayor capacidad de movilización callejera. Sus huelgas (en la provincia de Buenos Aires hicieron un año completo de paros entre 2002 y 2018) desacomodan la vida de millones de familias y se convierten, así, en factor de inmensa presión social. Por eso el secretario general de Suteba se siente más poderoso que cualquier ministro de Educación. Y tal vez lo sea.
En los países que exhiben estándares de excelencia en la educación pública, como Finlandia, los gremios docentes son un engranaje fundamental del sistema. Y sienten orgullo de ser actores protagónicos de un modelo de calidad educativa admirado en el mundo. Han entendido que la verdadera lucha es por una escuela pública valorada y respetada. No conciben al docente escindido de la educación. Les costaría entender la resistencia sindical a aceptar que los maestros sean evaluados, a que el presentismo sea premiado o a que los cargos se cubran por concurso. Aquí se rechaza la mayor exigencia en la carrera docente y se considera que “calidad” y “evaluación” son malas palabras. Ni hablar de meritocracia.
Es un sindicalismo dispuesto a poner el grito en el cielo si se intenta acortar el receso, pero que hace silencio frente a la tragedia de la deserción escolar
Al menos en la provincia de Buenos Aires, el sindicalismo docente no tributa a la escuela pública sino a la “carpa blanca”. No se trata de una mera alegoría, sino del símbolo de una arquitectura ideológica que no reivindica la educación sino “la lucha”.
El principal dirigente gremial de los docentes bonaerenses nunca ejerció como maestro ni como profesor. Eso no lo invalida como líder sindical, pero quizá nos diga algo de la concepción que nutre al gremialismo docente. En su perfil de Wikipedia (que parece escrito por él mismo), se presenta como una víctima de persecución política. No hay una sola línea que aluda a preocupaciones, propuestas, iniciativas o proyectos vinculados a la jerarquización de los docentes y de la educación pública. Como indican algunos viejos manuales del feudalismo sindical, lleva 16 años al frente del sindicato, con pronóstico de reelección indefinida. Entre “las bases”, la obediencia parece más fuerte que el debate y que el espíritu crítico. Quizá ahí esté la clave del rechazo que genera la jerarquización docente: los maestros de excelencia, difícilmente se sumarían al rebaño.
Esta concepción sindical de la educación hoy parece haber colonizado a los ministerios de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Un acto de sinceramiento sería designar como ministros a los líderes gremiales. Pero no siempre fue así bajo los gobiernos de este mismo signo político. En 2012, nada menos que en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la expresidenta Cristina Kirchner reprochó la actitud de los gremios docentes y subrayó “los privilegios” de los maestros: “trabajan cuatro horas y tienen tres meses de vacaciones”. ¿Qué diría el ministro Trotta de aquel discurso? En YouTube solo se alcanzan a ver los aplausos de militantes de la Cámpora cuando terminaba aquella frase. Si lo hubiera dicho otro presidente, quizá en lugar de aplausos hubiera habido piedras. Paradojas del doble estándar y el oportunismo de la política argentina. Paradojas que quizá expliquen la falta de un gran acuerdo para salvar a la escuela pública.
Más allá de quién lo haya dicho, fue una afirmación injusta, como suelen serlo las simplificaciones y las generalizaciones. Los maestros -se sabe- no son privilegiados. Al revés: han perdido la jerarquía y la autoridad que les daba el hecho de ser protagonistas y garantes de una educación pública en la que la sociedad depositaba su confianza y su agradecimiento. La han perdido con la colaboración de un “sindicalismo combativo” que -hay que reconocerlo- ha tenido éxito en su combate contra la escuela de calidad.
Ortega y Gasset decía que “una nación nunca está hecha. Siempre está haciéndose o deshaciéndose”. Si extrapoláramos esa idea para mirar el futuro de nuestra escuela pública deberíamos preguntarnos: ¿La estamos haciendo o la estamos deshaciendo? La respuesta no debería quedar solo en manos del sindicalismo docente.

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