En el último día de 2020 se oficializó un aumento de 7% para febrero que luego fue anulado.
En el último día de 2020, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Hasta ese momento, la sorpresa en el sector fue que el porcentaje resultaba menor que el que se había anticipado durante las semanas anteriores, cuando se esperaba un 10 por ciento.
Sin embargo, unas pocas horas después, todo quedó anulado. Por la tarde del jueves, en una edición especial del Boletín Oficial, el incremento directamente fue suspendida por “expresa decisión” del presidente Alberto Fernández. Fuentes de las empresas manifestaron que toda la situación fue “sorpresiva e insólita”. Para cumplir con el plazo requerido de 30 días previos para el anuncio de aumento, muchas ya tenían todo listo para enviar las cartas con el anuncio de la suba a sus usuarios.

El tema del sector privado de la salud fue puesto en foco hace pocas semanas por Cristina Fernández de Kirchner, cuando manifestó que uno de los desafíos de 2021 es “repensar” todo el sistema de salud

En reserva, las empresas atribuyen el cambio imprevisto a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria, el think tank de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La salud privada es mal vista por un prejuicio ideológico. Pero al mismo tiempo a los laboratorios se les permite aumentar medicamentos por encima de la inflación”, manifestó una fuente del sector. Y recordó que la medicina privada representa al 75% del sistema de salud.

A lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10% que se aplicó a partir de diciembre. El año anterior, 2019, las subas autorizadas alcanzaron el 60,7% con ocho incrementos que fueron habilitados a lo largo del año, el último en diciembre.
El aumento de la medicina prepaga era uno de los incrementos que se preveían para el primer tramo de este año, donde también se esperan, aunque aun no fueron confirmados oficialmente, subas en combustibles, tarifas de servicios públicos, transporte y el descongelamiento de los alquileres. Con el cambio, el Gobierno intentaría evitar una aceleración mayor de la inflación, como viene sucediendo en los últimos meses de 2020. Las consultoras estiman que la inflación de diciembre fue cercana al 4 por ciento. Y proyectan un piso de al menos 40% para este año.

El tema del sector privado de la salud fue puesto en foco hace pocas semanas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando manifestó que uno de los desafíos de 2021 es “repensar” todo el sistema de salud en la Argentina.

“Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”, dijo.
Luego de un único aumento del 10% en 2020, los precios de los planes para un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos oscilan entre $11.400 mensuales para un plan económico y $23.000 para un plan más premium, de acuerdo a la plataforma Elegimejor, que compara los precios de más de 50 planes de medicina prepaga. Para una persona soltera y joven, el plan económico sería de unos $3.200 y de $7.500 para el plan premium.
“Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producción porque tiene una política de subsidios, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. Más en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica”, señaló Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).

Desde el Gobierno argumentan que este año, las empresas de medicina privada recibieron ayudas por unos $100.000 millones por asistencias fiscales y el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Sin embargo, muchas de esas ayudas no estarán vigentes durante 2021. “Lo más grave no es que no se dé un aumento. Es que ese auxilio que recibían las empresas, va a desaparecer. Esas ayudas, además, no fueron al sector de forma homogénea y la mayor parte fue para los prestadores. El no incremento de las cuotas va a poner más en evidencia la pérdida de sustentabilidad del sistema en un contexto donde los casos de coronavirus están en aumento”, agregó Lilloy.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que nuclea a las empresas privadas, habían advertido a mediados de diciembre pasado sobre la “crítica situación” del sector prestador de salud privada que no contará con los “recursos necesarios” para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021.

Según las empresas, la pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos por los protocolos de distanciamiento y los insumos especiales para la atención del Covid-19

El sector prestador de la salud privada está compuesto por clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, entidades de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorias, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos.
“Estas empresas atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión de finalizar el plan de ayuda a través del ATP a partir del 31 de diciembre de 2020″, señalaron en una carta.
“Los prestadores de salud deben afrontar altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada $10 que ingresan, el sector paga$4 de impuestos”, detallaron.
Según la federación, la pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y los insumos especiales para la atención del Covid-19, el incremento de costos salariales (por el personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado), y la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio.

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