Las organizaciones sociales se controlan a ellas mismas desde el Estado. Planes sociales, trabajo de cooperativas y presupuestos millonarios que auditan por su cuenta ahora que ingresaron de lleno al Ministerio de Desarrollo Social. Cuando se analizan los procesos de control queda claro que no hay un proceso eficiente para saber cómo es el manejo del dinero que debe ir a los más necesitados.
Esto es así porque las auditorías dependen casi exclusivamente de cada secretaría dentro del organigrama. Y la caja más importante está en manos de las propias organizaciones sociales. Se trata de la Economía Social que lleva adelante el plan “Potenciar Trabajo”. En total son 570 mil planes sociales más los millonarios fondos a las cooperativas. Quien está a cargo de esa área es Emilio Pérsico, el titular del Movimiento Evita. Desde allí otorgan y controlan planes y proyectos a cooperativas desde la función pública. Esas cooperativas tienen, a su vez, un vínculo político y militante dentro de las organizaciones. No solo del Evita, sino de otras como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, La Dinigidad o el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
¿Cómo es el sistema? Para entenderlo hay que ahondar en el organigrama del ministerio que conduce Daniel Arroyo. Las áreas están repartidas entre distintos sectores del Frente de Todos (FDT). En total son seis y en breve serán siete.
El día a día está bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Administrativa que conduce Cecilia María Lavot, dirigente que responde a Carlos Castagneto. A su vez, Castagneto era la mano derecha de Alicia Kirchner cuando ella era la ministra del área. La Secretaría de Articulación de Política Social la conduce Erika Roffler. Ella es de confianza de Arroyo. Llegó a la gestión como jefa de gabinete del ministerio y tras el escándalo por sobreprecios en la compra de alimentos sumó esa área también.
Tal como detallamos en PERFIL, la Secretaría de Economía Social es exclusivamente de las organizaciones sociales. La dirige Pérsico junto a otras organizaciones como Barrios de Pie y La Dignidad. Luego están la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dirigida por Gabriel Lerner, miembro de Kolina, la agrupación de Alicia K y aceitada llegada al Instituto Patria. La Secretaría de Inclusión Social es conducida por Laura Alonso de La Cámpora y la última es la Secretaría de Abordaje Integral que dirige Mirta Soraire. Esta última también responde a la gobernadora de Santa Cruz. Y ahora se sumará la urbanización de barrios populares bajo la dirección de Fernanda Miño, que responde a Juan Grabois.
Controles. En los papeles todo suele estar en orden. Una secretaría acepta el proyecto de trabajo de una cooperativa. Esta, a su vez, trabaja con beneficiarios de planes sociales. Para llevar adelante las obras o lo que necesiten además de salarios, presentan proyectos con Presupuestos incluidos a esa secretaría. Luego, se firma el convenio entre las partes. El subsidio puede ir desde los 10 mil pesos o llegar a más de 25 millones. Dentro de la secretaría que entrega el subsidio están las oficinas que auditan y controlan gastos y trabajos realizados.
En teoría luego eso debe ser controlado por la auditoría general del Ministerio que hoy está bajo las órdenes de Carlos Sergio Cipolla, quien fuera subsecretario de la Economía Social durante la gestión de Alicia, aunque no respondía directamente a ella. En 2013 pasó al ministerio de Seguridad cuando Sergio Berni desembarcó en el área. Volvió a Desarrollo en enero del 2020.
Se le preguntó a un exfuncionario que durante la gestión de Cambiemos estuvo a cargo del día a día del ministerio y lo explicó de la siguiente manera, reconociendo la falta de controles hace ya décadas: “La auditoría general se encarga de procesos administrativos, ejecución presupuestaria pero no de todo. Físicamente no darían a basto para auditar todos los programas por lo que elaboran un plan anual y auditan eso”. De esta manera, hay secretarías que pueden pasar un año -y hasta dos- sin auditorías internas del Ministerio. “La auditoría interna toma ‘muestras’, de ningún modo controla todo”.
Por otra parte, los procesos seleccionados para ser auditados exhaustivamente suelen anticiparse. “Diseñan para el año siguiente que programas van a ser auditados. Toman un programa de cada Secretaría y observan los procesos, la normativa, etc. Al otro año esa secretaría ya sabe que es muy probable que en la siguiente rendición analicen la ejecución presupuestaria y otorgamiento de fondos”. Los controles, entonces, son insuficientes y anunciados. “Puede que jamás nadie controle nada, salvo vos, tu conciencia y seriedad para trabajar”, resumió el exfuncionario a este medio.
Entonces, un ejemplo concreto. Dentro de la secretaría de Economía Social, que maneja Pérsico junto a las otras organizaciones sociales se presentan proyectos. Así, una cooperativa de Almirante Brown arma la iniciativa y le da trabajo a 20 beneficiarios de planes sociales. El cooperativista puede ser, por casualidad, un militante del Movimiento Evita o La Dignidad. Envía el pedido de recursos por parte del Estado. Tras la aprobación de la secretaría, el ministerio gira los fondos. Esa secretaría, a su vez, controla que los trabajos se hagan y los gastos se rindan. De esta manera, la organización social controla a la organización social. El círculo perfecto.
Si el estado nacional no tiene recursos para auditar el dinero que administra de la sociedad en su conjunto , no sería prudente comenzar con digitalizar la información y que sea de acceso público ? En definitiva ese dinero es del pueblo argentino y tiene el derecho a saber que sucede con el.

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