Procesamiento por aborto piden recusar a juez

0
27

En una causa por presunto delito de aborto, el Juzgado Penal Nº 1 del Distrito Judicial Sur a cargo de la Jueza María Cristina Barrionuevo procesó a una joven de 22 años y la defensa de la imputada a cargo de la ONG La Hoguera apeló la decisión, por lo que ahora será la Cámara de Apelaciones el organismo que resolverá la situación procesal de la joven.

Aunque desde la ONG cuestionan que la misma este integrada por el Juez Julián De Martino y se pidió la recusación del mismo. Luego que el magistrado patrocinó siendo Defensor Público una acción colectiva en la defensa de los intereses difusos de los “niños por nacer” en 2007 y en contra del uso en Tierra del Fuego de la pastilla del día después. Está acción que impulsó el actual camarista desató una polémica tan grande que el por ese entonces Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, declaró a través de los medios en relación a esa causa: “La Justicia no puede funcionar basada en fanatismos religiosos y creencias personales”.

Según la lógica con la que ha llevado adelante este proceso judicial la Dra. María Cristina Barrionuevo, “los niños por nacer” son en esta causa una de las partes. Lo que inhibe al camarista de participar de la misma y también evidencia una postura previamente tomada con respecto al tema, hecho que va en contra del principio de imparcialidad.

Por otro lado, la defensa también cuestionó el embargo por 100 mil pesos sobre los bienes de la joven imputada que dictaminó la magistrada. Esta determinación funciona como pena anticipada, buscando aleccionar a las mujeres y constituye en “los hechos la muerte civil para quien aspira a tener un pequeño patrimonio”.

En este caso, como en otros, se viola el secreto profesional que deben salvaguardar los médicos. Por eso, desde la defensa de la joven plantean nulidades en el informe emitido por la dirección del Hospital Regional Ushuaia.

Además, la defensa planteó una serie de irregularidades en el procesamiento: por ejemplo, en ningún momento se prueba que la joven haya efectivamente utilizado algún fármaco para inducirse un aborto. Y, sólo en el hipotético caso que así hubiese sido, “estaríamos ante un caso de aborto no punible” ya que el embarazo fue producto de una relación en el marco de violencia de género, estando en riesgo su salud integral.

Desde ONG La Hoguera anticiparon que están a la espera de una audiencia -que solicitaron ante la Cámara de Apelaciones- para ampliar los fundamentos que presentaron en el escrito.