Comenzó en Ushuaia el juicio oral y público por el “Escándalo Glisud”

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Es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la historia provincial, y uno de los que más tiempo tardó en juzgarse. Investiga la presunta maniobra delictiva orquestada por integrantes de la empresa Glisud SA, para quedarse con créditos hipotecarios, y luego con propiedades, del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego. La causa muestra apenas una fracción de las actividades desarrolladas por el mismo grupo de personas, con un modus operandis similar. Hay varios imputados, entre ellos el ex presidente del Fondo Residual Gustavo García Casanovas, Graciela Dadamo, Eduardo Filosa, Francisco Grondona, Enrique Pinto y Néstor Sierra. Declararían 14 testigos a lo largo de dos semanas de proceso.

El llamado “Escándalo Glisud”, uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la historia provincial, y uno de los más dilatados en el tiempo en cuanto a su trámite penal, comenzará a ser juzgado desde hoy a las 9 en la sala de audiencias del Poder Judicial en Monte Gallinero, tras más de 15 años de pesquisas, vaivenes y desaguisados de una investigación que estuvo siempre más cerca de la impunidad que de la justicia, publicó el periodista Gabriel Ramonet en el Diario del fin del mundo.

El caso juzga la presunta maniobra delictiva orquestada por integrantes de la empresa Glisud SA, una firma fantasma creada por dos ancianas indigentes y que supo tener su sede en un prostíbulo de Buenos Aires, para quedarse con créditos hipotecarios, y luego con propiedades, del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, durante el mandato del ex gobernador Carlos Manfredotti y del ex vicegobernador Daniel Gallo.

Los imputados son cinco: el ex presidente del Fondo Residual, Ángel Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo Néstor Sierra, el presidente de Glisud Enrique Rolando Pinto y los ex apoderados de la firma Francisco Grondona y Graciela D´adamo.

Pero la causa es emblemática porque muestra apenas una fracción de las actividades desarrolladas por el mismo grupo de personas, con un modus operandis similar, a la que siempre resultó casi imposible de juzgar por sus vínculos inocultables con el poder político, económico y judicial de la Isla.

De hecho, mientras se lleva a cabo este juicio todavía se tramita una causa por supuesto lavado de activos, donde se investiga el origen de los fondos utilizados para el ilícito que se juzgará desde hoy, y en Río Grande existe una disputa en la Justicia Civil sobre la apropiación de 30 mil hectáreas rurales próximas a Tolhuin, incluida la estancia María Cristina, sobre la que informó este medio ayer.

En la causa de lavado fue indagado y le dictaron falta de mérito a Gallo, mientras que también fue mencionado pero nunca llamado a indagatoria el propio Manfredotti.

Sin embargo, el juicio de hoy se focaliza en un solo hecho acontecido a fines de 2002, cuando el Fondo Residual llamó a concurso público para la adjudicación de los derechos sobre tres créditos del organismo respaldados por garantías hipotecarias.

Glisud se presentó al concurso y lo ganó, con una oferta de 1,4 millones de pesos en bonos defaulteados tomados a valor nominal, que según la acusación fiscal, hizo desechar otra oferta en efectivo y “perjudicó así al Estado provincial”.

Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades. No se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 por ciento de la oferta.

De todos modos, la principal sospecha es que la oferta presentada por D´adamo (en nombre de Glisud) era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que habría sido confeccionada en las oficinas del propio Fondo Residual.

Otro aspecto clave de la investigación son los vínculos probados entre Glisud y el poder político de la época. Por ejemplo Pinto fue empleado de planta política durante los cuatro años de la gestión manfredottista, y asesor del ex vicegobernador Daniel Gallo en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que D´adamo también fue asesora de Gallo en la Legislatura.

Una nota oficial demuestra que Gallo intercedió personalmente a favor de Glisud ante el Banco de Tierra del Fuego, para extenderle un plazo de giro en descubierto.

El otro punto que complica el caso son las constantes y repetidas dilaciones que tuvo a lo largo del tiempo, dentro del ámbito judicial.

La causa 1574 que recién llegó a la etapa de juicio en 2014, terminó de destrabarse recién a mediados de 2017, cuando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó varios planteos realizados por la defensa Pinto, y exhortó al Tribunal Oral a que realice el juicio “en el menor tiempo posible”.

El juicio iba a realizarse, primero, el 21 de septiembre de 2016, después de innumerables vaivenes judiciales, pero fue suspendido a partir de un fallo del mismo Superior Tribunal que constató un “error” en el proceso de notificación de los imputados.

A su vez, la defensa de Pinto planteó dos nuevos recursos de casación, uno contra una resolución del Tribunal Oral que rechazó un pedido de recusación de los jueces Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, y otro contra una decisión del tribunal que también rechazó varios pedidos de nulidad, entre ellos por una supuesta vulneración del derecho a la defensa. Esos planteos todavía hoy tienen un recurso de queja pendiente ante la Suprema Corte de Justicia.

Debate sobre nulidades

Con todos estos antecedentes, el juicio arrancará hoy con un esperable debate sobre supuestas nulidades que plantearán los abogados defensores, Diego Cruz Estevarena, Gabriel Ibarra, y el jefe de defensores públicos Gustavo Ariznabarreta, en la etapa de cuestiones preliminares.

El fiscal Eduardo Urquiza, y los abogados Martín Muñoz (por el Fondo Residual) y Félix Santamaría (por el querellante Abel Zanarello, uno de los presuntos damnificados) serán los encargados de rebatir esos planteos.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia: Maximiliano García Arpón (presidirá la audiencia) Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla resolverán si el debate prospera y si corresponde escuchar a los 14 testigos citados para el debate, que no duraría menos de dos semanas.

El testigo Víctor Tela, protagonista de una polémica de último momento porque la Justicia pretendía que declarara por videoconferencia, finalmente viajó a la ciudad y testificará el viernes, en uno de los momentos más esperados del juicio porque se trata de la persona que, a través de una investigación propia, sacó a la luz la trama delictiva que rodea a Glisud.